Jake Davis Jr, un camionero originario del sur de California, tuvo un gran problema: manejaba su tráiler la noche del 30 de octubre. A la carreta no le funcionaban las luces rojas traseras. Fue cuestión de segundos para que un auto liviano chocara y murieran un niño, dos adultos y trece más resultaron con heridas graves. Hoy este hombre de 51 años está acusado de cargos por conducir bajo los efectos de alguna sustancia ilícita, pues venía a muy alta velocidad y suponen que Jack haya consumido alcohol. Este caso fue reportado por la Agencia Associated Press y publicado por las noticias del canal Fox.
Si a Jack no se le hubiera responsabilizado por esta situación, los cargos de "crimen federal" (felony), no lo hubieran etiquetado de haber cometido un acto criminal. Esto porque en el campo del transporte pesado es la parte más delicada de una persona para conseguir un empleo como tal.
De acuerdo con las regulaciones de seguridad que dicta la FMCSA, un conductor no puede haber incurrido en felonías tales como la falsificación de documentos para la posesión de vehículos, uso de drogas ilícitas, accidentes en los que haya muertes o daños severos a humanos. Debido a esas restricciones, es virtualmente imposible encontrar un empleo nuevamente con tales antecedentes.
Es usual que cualquier persona que busque trabajo como camionero sea cuestionado en este aspecto. Todas las empresas incluyen estos detalles en sus solicitudes de trabajo. La pregunta general es hace cuánto tiempo fue que sucedió. Dependiendo de la falta, algunas empresas contratan a quienes la hayan cometido al menos unos diez o cinco años antes. Pero muchos otros ni siquiera se atreven a contratar a alguien que tenga una pequeña mancha de este tipo en su historial personal.
No hay otra opción. Las empresas del transporte pesado están apoyadas por la Ley. La severidad de las leyes cambian de acuerdo a cada estado, pero no hay uno solo que no aplique los principios que dicta el Departamento de Transporte y la FMCSA. Algunas compañías alegan que el gobierno canadiense tampoco permite que ningún camionero con algún antecedente criminal, así que si una persona que trabaje para una transportadora estadounidense tiene asuntos pendientes con la ley, podría incluso ser apresado en Canadá, y decomisar tanto el camión como la carga.
Las escuelas de manejo que otorgan las licencias de conducir han previsto estas situaciones y prefieren no admitir personas de dudoso pasado delictivo. Una parte prioritaria en sus programas de estudio es precisamente la memorización de cada uno de los estatutos y reglas que previenen tales felonías. Y si alguna empresa contrata a alguien que tenga un antecedente, aunque sea muy chiquito, lo encargarán solo de las cargas menos significantes y hará las peores tareas.
Esta angustiante situación empeoró después de los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001. La organización USA Patriot Act endureció las regulaciones de seguridad en todo el país, especialmente en el sector del transporte. Para el terrestre, uno de los nuevos requisitos fue el entrenamiento obligatorio en la manipulación y conocimiento de los materiales explosivos y peligrosos.
Con esta disposición, la Patriot Act descalifica a todos aquellos conductores que tengan antecedentes criminales como asesinatos, espionaje, terrorismo o crímenes con explosivos. La descalificación no toma en cuenta si fue reciente o hace mucho tiempo. Basta tenerlo en su hoja de vida para que no sea tomado en cuenta y quede desechado de algún empleo.
Las acusaciones considerados "menos serios" como las ofensas con uso de algún arma, crímenes a la propiedad, deshonestidad, fraude son obstáculos para conseguir un empleo si estos sucedieron siete años antes o si la persona cumplió con la condena carcelaria por el mismo al menos cinco años antes.
Las consecuencias de tales actos desembocan en que las personas que hayan cometido un error de este tipo es que sufren de discriminación, y vean cómo las puertas de la superación se les cierra en sus narices. Les es difícil incluso hacer una vida normal. En algunos estados es inadmisible que este tipo de personas ejerzan su derecho al voto, por ejemplo o licenciarse en alguna carrera universitaria, adoptar niños, o poner algunos tipos de negocios.
Aun así, cerca de 14 millones de estadounidenses cargan con un señalamiento de felonía. Los planes de reinserción a la vida social es uno de los programas correccionales. Pero el mundo real es muy distinto. Para los camioneros que cometieron algún error en sus vidas les es difícil regresar a las carreteras y les queda muy pocas opciones en su vida. Tienen que esperar demasiado tiempo para que las puertas de las oportunidades se les vuelva a abrir.